Representantes de Ecuador, Chile, Perú, Colombia y Bolivia acordaron impulsar una red de apoyo regional para defensores ambientales, en un encuentro realizado en Lima, Perú. La iniciativa busca proteger a líderes y lideresas indígenas, campesinos y activistas que enfrentan asesinatos, criminalización y desplazamientos forzados en sus territorios. Cecilia Aguilera, lideresa diaguita de Chile, describió la jornada como "muy bonita dentro del dolor que también vivimos en nuestros territorios".
América Latina es la región más peligrosa del mundo para los defensores ambientales, según datos de Global Witness. En 2025 se registraron más de 200 asesinatos de activistas ambientales en la región, la mayoría en comunidades indígenas y rurales. Ecuador ocupa un lugar preocupante en estas estadísticas, con varios casos de líderes indígenas asesinados en provincias como Pastaza, Morona Santiago y Orellana, donde confluyen intereses mineros, petroleros y madereros.
El acuerdo alcanzado en Lima establece mecanismos de alerta temprana, asistencia legal y acompañamiento internacional para defensores en riesgo. "Ha sido una linda jornada, dos días muy bonitos dentro del dolor", expresó Aguilera, citada por el medio El Espectador. La red funcionará con el apoyo de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Front Line Defenders, y buscará incidir en los gobiernos nacionales para que implementen protocolos de protección efectivos. Los participantes denunciaron que la criminalización de la protesta social y las acusaciones judiciales sin fundamento son las herramientas más utilizadas para silenciar a los defensores.
El siguiente paso será la formalización de la red ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la presentación de un plan de acción conjunto en los próximos tres meses. Los activistas esperan que la red sirva como un mecanismo de presión regional para que los estados cumplan con el Acuerdo de Escazú, tratado ambiental que garantiza la protección de defensores en América Latina y el Caribe. Ecuador fue uno de los primeros países en ratificar este acuerdo, aunque organizaciones denuncian que su implementación ha sido insuficiente.